La propuesta tributaria CEP-CIEPLAN: ¿Prefiguración del programa de Bachelet?
Por Eugenio Rivera Urrutia
Como una voz proveniente de un pasado remoto, el Centro de Estudios Públicos (CEP) y Cieplan (entidad estrechamente vinculada a la Democracia Cristiana y al PS) han dado a conocer “criterios” para una reforma tributaria. Esta iniciativa no resulta de mayor interés desde el punto de vista técnico, pues coincide en sus líneas gruesas con la propuesta gubernamental, pero sí resulta relevante, porque rememora la forma tradicional de hacer políticas en este país en los últimos años y porque da señales respecto de las orientaciones programáticas que están trabajando grupos que tradicionalmente fueron determinantes en la toma de decisiones de política pública bajo la Concertación y que aspiran a seguirlo siendo en un eventual nuevo gobierno de la ex presidenta Michelle Bachelet.
En efecto, la propuesta CEP-CIEPLAN tiene 3 elementos principales y son coincidentes con la propuesta gubernamental: elevar el impuesto de primera categoría de 17 a 20%; reducir las tasas marginales del Impuesto Global Complementario y del impuesto de segunda categoría a las personas más ricas del país y poner énfasis en la lucha contra la evasión y elusión. Los problemas de esta proposición ya son conocidos por la opinión pública. Generan una recaudación insuficiente (las grandes cifras que anuncian CEP-CIEPLAN derivan principalmente de acciones contra la evasión y elusión) para hacer frente a los graves problemas en los campos de la educación y salud pública; para el financiamiento de las medidas que se deberán tomar para compensar las bajas pensiones que está generando el sistema de AFP y para incorporar a las miles de pequeñas y medianas empresas excluidas del proceso de modernización y que dificultan los esfuerzos por elevar las capacidades competitivas del país. Por otra parte, sus proposiciones no abordan y por el contrario fortalecen el carácter regresivo del sistema tributario, pues quienes tienen menores ingresos pagarán proporcionalmente más impuestos. Esto explica por qué en Chile la distribución del ingreso no mejora después de considerados los tributos que pagan los diferentes sectores. Tampoco abordan la necesidad de eliminar gradualmente el FUT.
Sin embargo, lo más preocupante de la propuesta CEP-CIEPLAN es que realiza una abierta defensa del actual sistema tributario y más en general de los fundamentos de la política que la ciudadanía ha venido criticando en estos últimos años. Se trata de retrotraer la discusión al ambiente previo a la movilización estudiantil. Es así como defienden que las empresas no paguen impuestos, sino que sus pagos constituyen un adelanto al pago que realizan sus propietarios, al contrario de lo que ocurre en los países desarrollados. Sostienen que las empresas, como tales, no deben contribuir al sostén de la infraestructura, del estado de derecho y del capital humano de que disfrutan al producir en Chile. Para ello utilizan los mismos argumentos que dio el régimen militar al instalar en 1984 el sistema tributario que nos rige. Defienden también, que al contrario de los países de la OCDE, sean los impuestos indirectos como el IVA los que llevan la principal carga en el financiamiento público. Como se sabe estos recaen principalmente en los más pobres y clases medias.
Renuncian así a abordar la gran desigualdad que caracteriza al país. Ello pues, como ha dejado en evidencia la experiencia internacional, el principal factor (después de relaciones laborales simétricas) que ayuda a superar la desigualdad es la progresividad del sistema tributario. Se la juegan por mantener ingresos fiscales bajos, porque persisten en defender una política social focalizada haciendo caso omiso de la demanda por ampliar los beneficios sociales a los grupos medios, cuestión clave para una mayor integración social. La orientación básica de su propuesta se sintetiza en la afirmación de que “el sistema tributario debe generar la menor de las distorsiones posibles en la toma de decisiones de los agentes económicos”, esto es que la sociedad no debe incidir en la operación “libre” del mercado. Se trata en suma de una apuesta al mismo modelo de crecimiento que es rechazado por una mayoría de los chilenos.
Como decíamos, lo interesante de la proposición del CEP y CIEPLAN es que revela la pretensión de reinstaurar una forma de hacer política pública con base en comisiones técnicas que simulan representatividad por incluir personeros tanto de la coalición de gobierno como de oposición. Fue el caso de la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma Previsional, que propuso la creación del pilar solidario pero que sancionó sin reformas de fondo el sistema de capitalización individual. Fue también el caso de la Comisión de Trabajo y Equidad que eludió la necesidad de reformas de fondo a la legislación laboral. Fue el caso, aunque con participación simbólica de algunos personeros estudiantiles, de lo que derivó en el “Acuerdo por la Calidad de la Educación” del 2007 firmado por las principales fuerzas políticas bajo el auspicio de la ex presidenta en el 2007. Fue el caso del llamado “Panel de Expertos para una educación de calidad” que sirvió de base para la ley de Lavín sobre ese tema, aprobada pocos meses antes que se desatara la rebelión estudiantil.
Pareciera que desde la crisis financiera internacional, que puso en cuestión el modelo neoliberal, desde el pésimo resultado de la Concertación en la última elección presidencial y desde las fuertes movilizaciones sociales del año pasado y el presente año, no hubiese ocurrido cosa alguna.
La semana pasada, una revista consultó a una serie de personeros ¿a qué debe venir Bachelet? Entre ellos aparecían Iván Fuentes, Sergio Micco del CED, María de los Ángeles Fernández, directora de la Fundación Chile 21, el senador Fulvio Rossi, Maya Fernández entre otros. Sus respuestas apuntaban en general a que el nuevo proyecto que encarnara la ex presidenta debería levantarse sobre la base de una fuerte autocrítica de lo realizado, debería abrirse al mundo social, debería alejarse de la focalización extrema, entre otras rectificaciones. La intervención CEP-CIEPLAN con posiciones que rememoran las directrices fundamentales de las políticas de los antiguos gobiernos de la Concertación plantea con fuerza la interrogante respecto de lo que será el proyecto de Bachelet en caso que vuelva a repostular.
Esta intervención refuerza las posturas conservadoras que han venido sosteniendo personeros reunidos en torno a Andrés Velasco y del ex presidente Lagos. Si se considera que no ha aparecido en lo que queda de Concertación un elenco de profesionales y técnicos que reemplacen al grupo Cieplan y a Expansiva, cuesta creer, al menos hasta ahora, que la candidatura de la ex presidenta Bachelet no sea sino más de lo mismo.