Las desconocidas declaraciones del Clan Farah en el caso La Polar y el lapidario informe de la PDI
El informe inculpa a la ex gerente de finanzas de La Polar por contratos simulados. Sus familiares declaran desconocer quién los hizo y afirman que nunca les llamó la atención pagar tan poco por su uso.
Sorprendentes, por decir lo menos, son las declaraciones que hace algunas semanas, distintos integrantes del clan de María Isabel Farah hicieron a la Policía de Investigaciones (PDI), como parte de una indagación que deriva de una querella por presunto contrato simulado, presentada por el abogado Luis Villarroel contra María Isabel Farah, la ex gerenta de administración y finanzas de La Polar.
La ex ejecutiva de la multitienda traspasó el 28 de junio de 2011 cinco propiedades, mediante contratos de usufructo, a familiares directos e indirectos, justo después que se descubriera el escándalo financiero más grande de la historia.
Según la PDI, se trata de un conjunto de propiedades, cuyo valor supera los $3.000 millones. Sin embargo, Farah le entregó a estas personas el uso de los inmuebles por pagos mensuales de entre $25 mil y $115 mil.
Los favorecidos fueron: su hermana María Angelica Farah; su hija Katherine Dangelo Farah; su sobrino Mauro Daniel Farah Missoni; Carolina Silva, esposa del sobrino de María Isabel Farah, Marcelo Vergara Farah; María Alarcón, madre de Carolina Silva, y Diego Ignacio Tanus Farah, hijo de Marcela Farah.
El Clan, que parece girar en torno a Farah, se presentó el 23 de abril pasado a la PDI a declarar, en su totalidad asesorados por el abogado Pedro Herrera, quien les recomendó a todos no autorizar que se levante el secreto bancario sobre sus cuentas corrientes.
Todos, sin exclusión, aseguraron que no pusieron atención a la gran diferencia que existía entre el valor comercial de las propiedades y la módica suma de los pagos que les pidió Maria Isabel Farah, y todos dicen no haber imaginado que la firma de dichos contratos —cuyo redactor ninguno de ellos conoció— impide que se ejerzan recursos legales sobre los inmuebles si se considera necesario por el fraude detectado en La Polar.
Mauro Farah, por ejemplo, de 25 años, declaró que “al firmar, tenia plena confianza en mi tía (María Isabel) y que al tiempo del contrato “desconocía antecedentes del caso La Polar”.
María Alarcón, en tanto, señaló que “nunca me habría prestado para participar de una acción que perjudique a terceros y María Isabel tampoco se prestaría par realizar un acto en contra de terceros”.
Su hermana, Marcela Angélica, en tanto, afirmó que desde fines de 2010 María Isabel les planteó la necesidad de regularizar la situación de los inmuebles, pues el Servicio de Impuestos Internos le había indicado que debía declarar renta por ellos.
Pero, advierte, que cuando firman en junio de 2011 los usufructos, La Polar, no era tema. “No se me pasó por la mente, en la familia, no era tema el caso La Polar”, indicó.
La PDI también interrogó al dueño de la 67 Notaria de La Reina, Sergio Jara Catalán, quien visó los contratos por las millonarias propiedades, con actuaciones controversiales.
Por ejemplo, el hecho que María Isabel Farah llegó con un pendrive que incluía todos los contratos redactados y que no tenían un abogado que los validara. Ante eso, Jara puso el nombre de su hermano Jorge. Esto, Sergio lo calificó como un “error” y si bien reconoció que en ese momento ya sabía del caso La Polar, jamás imaginó lo que vendría después.
Su hermano Jorge, en tanto, aseguró que él nunca supo del tema y que su hermano usó su nombre sin autorización. María Isabel, en tanto, aseguró que Sergio Jara le indicó que los contratos serían revisados por su hermano Jorge, aunque ella dijo nunca haber visto a tal abogado.
La historia que logró rearmar la PDI se cierra con una guinda. La Policía acudió a los cinco inmuebles para verificar si los vecinos conocían a quienes dicen vivir allí. En la menor cantidad de casos lo confirmaron, y sólo en forma parcial; en la mayor parte, al menos según los vecinos, ni siquiera los conocían.
De ahí, las conclusiones del trabajo realizado por la PDI, que son contundentes.
“Conforme a los antecedentes recabados… ha sido posible acreditar el ilícito denunciado, toda vez que el argumento que presenta la defensa ante el Ministerio Público, correspondiente a notificación del Servicio de Impuestos Internos (SII), no tendría relación con la celebración de los contratos de usufructos suscritos entre María Isabel Farah y su familia”.
Luego, la PDI señala que estos contratos, según Farah y su familia, buscarían regularizar la situación de los inmuebles como parece indicar una carta enviada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) del 29 de diciembre de 2010. Sin embargo, la PDI, tras el trabajo de su Brigada de Delitos Económicos (Bridec), confirmó que “en ningún caso se le sugiere ni obliga a doña María Isabel Farah a constituir los contratos de usufructo… por lo que dichos contratos no tendrían sustento alguno, siendo dos actos diferentes entre sí, sin relación alguna”.
Finalmente, la PDI es lapidaria sobre el objetivo que buscaba Farah con estos contratos. “De los cinco domicilios que María Isabel Farah cede el usufructo, ninguno de los beneficiarios de estos ejerce su derecho… De esta forma, se puede confirmar que existe un ocultamiento de la real intención en la celebración de estos contratos”.